“The Legal 500” se suma al catálogo de distinciones internacionales de AIYON Abogados

AIYON Abogados SLP ha merecido un reconocimiento especial para sus áreas de Derecho Marítimo y Transporte Terrestre por parte de The Legal 500”, una prestigiosa guía internacional que investiga la actividad de más de 2.700 bufetes en 80 países. Esta calificación se suma a la cada vez más extensa relación de distinciones concedidas al despacho: “The International Comparative Legal Guides (ICLG)”, “The Insurance Disputes Law Review” y “Chambers”, entre otros.

En su edición para Europa de 2021, “The Legal 500” sitúa AIYON Abogados en las primeas posiciones en Derecho Marítimo y Transporte Terrestre y recomienda sus servicios por ser considerado por los testimonios recabados como “un despacho boutique de primer nivel con un equipo disponible 24 horas diarias todos los días del año y unos profesionales con una amplia formación jurídica y un profundo conocimiento de la jurisprudencia española más reciente”. Destaca también la “honestidad y facilidad de comunicación de sus abogados”, “que han intervenido en la mayoría de los principales asuntos marítimos, comerciales, de seguros y de transporte en España con excelentes resultados”.

Derecho Marítimo  

En lo relativo a la ejecutoria transporte marítimo, las fuentes consultadas por “The Legal 500” subrayan que se trata de “una firma sólida que, desde sus oficinas en Bilbao, Madrid, Cádiz y Algeciras, da un servicio presencial en todo el territorio español”. “La gran formación jurídica y técnica en transporte marítimo de sus abogados -añade- les hace profundos conocedores del negocio, la operativa y su ejecución material”. Asimismo, se pondera muy positivamente “la proximidad y su comunicación permanente con sus clientes (armadores / fletadores, capitanes, tripulantes, consignatarios, seguros, etc.) y su exitosa y reconocida trayectoria en asesoramiento sobre contaminación, colisiones, salvamento, naufragios, seguros, polizones, embargos, piratería, contratos de construcción y reparación de embarcaciones, etc. 

Transporte Terrestre y Aéreo

El despacho recibe también excelentes referencias por su “experiencia en todo tipo de cuestiones que se presentan en el sector del transporte terrestre”.  Merecen especial consideración sus gestiones en transporte nacional e internacional (reclamaciones y robo de cargas, contratos de fianza, contratos de transporte logístico y multimodal, procedimientos sancionadores, etc.). También se reseña la aptitud y práctica experta en transporte aéreo (contratos de seguros y accidentes aéreos, así como la compraventa, arrendamiento y financiamiento de aeronaves, etc.).

En ambos apartados se valora el valor añadido de AIYON Abogados que, según los testimonios recogidos por “The Legal 500”, “reside en la amplia experiencia de cada uno de sus miembros (una media de 17 años) y una larga cultura de trabajo en equipo, puesto que sus socios han trabajado juntos durante la mayor parte de su carrera. Esto permite al bufete seleccionar el mejor equipo para cada asunto y cliente en particular con el objetivo de proteger y promover los negocios de los clientes”. 

“The Legal 500”

El propósito de “The Legal 500” es ayudar a abogados y operadores a encontrar los asesores adecuados a través de sus clasificaciones, basadas en la opinión de 300.000 encuestados procesada y evaluada por investigadores independientes. El mérito es el único criterio aplicado para incluir a los bufetes en la clasificación, que se revisa rigurosamente cada año.

La plataforma líder de expertos internacionales encomienda a AIYON Abogados el capítulo sobre Derecho marítimo español

The International Comparative Legal Guides (ICLG) – la plataforma global líder de análisis, noticias jurídicas y herramientas de investigación- ha encomendado a AIYON Abogados la redacción del capitulo sobre Derecho marítimo español. La contribución técnica de este despacho especializado en Derecho Marítimo, Derecho del Transporte, Comercio Internacional y Derecho del Seguro será, por tanto, la referencia de consulta de los operadores, organismos e instituciones de todo el mundo sobre esta materia.

Los socios de Madrid y Bilbao de AIYON Abogados, Verónica Meana y Mikel Garteiz-goxeaskoa, han sido los redactores del documento, que recoge y analiza cuestiones relativas a la regulación de los accidentes marítimos, reclamaciones de carga y de pasajeros, normativa del embargo preventivo y cuestiones procesales como la prueba, procedimientos judiciales y no judiciales aplicables a las reclamaciones basadas en Derecho marítimo así como la ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros.

ICGL es una red mundial de expertos jurídicos que conecta a un amplio colectivo de profesionales del Derecho y de los negocios y cubre las cuestiones de Derecho marítimo más habituales en cuarenta jurisdicciones. Elige autores y fuentes de información de reconocido prestigio y mantiene una red multicanal de conexión entre ellos.

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Webinario impartido por AIYON Abogados: Reglas INCOTERMS® 2020 y el transporte marítimo

AIYON afianza el despacho de Bilbao y amplía su equipo

El pasado año 2019 AIYON Abogados decidió ampliar su plantilla y fortalecer todo el equipo con la incorporación de dos nuevos miembros. Ello nos ha permitido seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes y afrontar cada asesoramiento con todas las garantías y la mejor calidad.

A tal fin, primero incorporamos a la experimentada abogada Encarnación Quevedo para reforzar nuestras oficinas del sur sitas en Cádiz y Algeciras, para después contratar en prácticas a la licenciada en derecho Irantzu Sedano quién, con el apoyo y bajo la tutela del equipo de Bilbao, ha ampliado y puesto en práctica los conocimientos adquiridos desde el pasado año hasta ahora, pasando satisfactoriamente el examen de acceso a la abogacía española el pasado julio.

Irantzu es Licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco UPV/EHU, ha realizado el Máster en Gestión de Empresas Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo por la Universidad de Deusto y el Máster en Logística y Comercio Internacional por EUDE Bussines School. Desde el 2019 está siendo formada en AIYON en los distintos ámbitos del derecho marítimo, el transporte terrestre y el comercio, especializándose en la gestión de reclamaciones de seguro, revisión de pólizas y recobros.

AIYON Abogados colabora con la publicación “ICLG Shippping Laws and Regulations, 2020”

Nuestros socios de Madrid y Bilbao, Verónica Meana y Mikel Garteiz-goxeaskoa, participan en el capítulo dedicado a Derecho español en la publicación ICLG Shipping Laws and Regulations: 2020. Dicha publicación cubre las cuestiones de Derecho marítimo más habituales en cuarenta jurisdicciones.

Entre las cuestiones analizadas se encuentran: la regulación de los accidentes marítimos, reclamaciones de carga y reclamaciones de pasajeros, la normativa del embargo preventivo y cuestiones procesales como la prueba, los procedimientos judiciales y no judiciales aplicables a las reclamaciones basadas en Derecho marítimo y la ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros.

Para tener acceso a la publicación y a su contenido completo pinche aquí

AIYON Abogados colabora con el Master del IME (Instituto Marítimo Español)

AIYON Abogados mantiene su apuesta por la cooperación con las distintas instituciones y asociaciones que se integran en el ámbito del desarrollo y aplicación del derecho marítimo en España, así como con las Universidades e instituciones educativas comprometidas en la formación de los futuros profesionales del sector. Prueba de ello es la ya consolidada relación que mantenemos los últimos años con el IME (Instituto Marítimo Español) impartiendo clases sobre materias que caen en la esfera de nuestras especialización.

 

Este año, debido a las especiales circunstancias de confinamiento que sufrimos, nuestros socios de Madrid y Bilbao respectivamente, Verónica Meana y Mikel Garteiz-goxeaskoa, han impartido sus clases anuales en el IME por medio del sistema de video-conferencia. En concreto, las clases se han centrado en el régimen legal aplicable en España a la Remoción de Restos y el Convenio de Nairobi (que no está en vigor aun en España), así como en el régimen del Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 2010 / Convenio SNP de 2010 (aún por entrar en vigor, también).

Esperamos que los estudiantes disfrutaran de las clases tanto como nuestros socios, y agradecemos al IME todo su apoyo y esfuerzo para hacer posible que la formación siga también presente durante la crisis del COVID-19.

 

 

Hasta siempre, Fernando

Ayer nos levantamos con una triste noticia, fallecía en Madrid el 9 de abril de 2020 Don Fernando Meana Green.

Decano en el ejercicio de la abogacía en el ámbito del Derecho Marítimo en España. Para muchos de nosotros abogado mentor en esta profesión en la que nos apoyó desde nuestros inicios, especialmente para su hija y nuestra socia Veronica Meana. Para aquellos que le conocieron, señor encantador cuya ausencia no podrá ser suplida y cuyo recuerdo deseamos reconforte.

Descanse en Paz y hasta siempre, Fernando.

Actualidad del estado del Sistema Judicial y los Procedimientos Administrativos en todo el estado español

El pasado 14 de marzo de 2020, el Presidente del Estado Español decretó el Estado de Alarma (mediante RD 463/2020) en todo el Territorio Nacional, por la situación excepcional de peligro para la Salud Pública generada por el COVID-19. Quedando así suspendida prácticamente en su totalidad la actividad jurídica del país, salvo excepciones.

Las medidas que ha de tomar el Gobierno a este respecto deben encaminarse a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, conteniendo la progresión de la enfermedad y reforzando los sistemas de salud pública, pero también tratando de mitigar el impacto sanitario, social y económico que pueda generar esta situación excepcional.

Las principales medidas a tomar, desde el punto de vista jurídico son;

  1. La suspensión de todos las actuaciones judiciales y administrativas. Es decir, estos aspectos actualmente ya se encuentran suspendidos.
  2. La suspensión de los plazos de caducidad y prescripción para el ejercicio de derechos y acciones.

Estas suspensiones de plazo estarán vigentes mientras el Estado de Alarma siga activo, en principio durante 15 días naturales, a contar desde el 14 de marzo, aunque ya hay ampliaciones de plazo previstas.

El Consejo General del Poder Judicial emitió dos órdenes el mismo 14 de marzo de 2020, por las que quedaban suspendidas todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales que tal decisión conlleva, excepto para los supuestos de Servicios Esenciales.

Estas medidas adoptadas resultan de inmediata aplicación desde su publicación, siendo aplicables a la totalidad del Estado Español y se mantendrán vigentes mientras se mantenga el Estado de Alarma, es decir, durante 15 días naturales desde su publicación y cualquier posterior extensión de plazo.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, trabajando, junto con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, acordaron cuales serían los “Servicios Esenciales” que debían mantenerse durante este periodo de crisis.

Se garantizará mediante estos “Servicios Esenciales”, por lo tanto:

  1. Cualquier trámite judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable.
  2. Internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico).
  3. La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 del Código Civil.
  4. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.
  5. El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 del Código Civil.
  6. Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etcétera.
  7. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.
  8. Las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
  9. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electorales.
  10. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de Expedientes de Regulación de Empleo y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
  11. En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada).
  12. El/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/la de la Audiencia Provincial y el/la Juez/a Decano/a adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente.

Para asegurar que estos servicios esenciales se presten, se decreta orden de mantener los edificios judiciales operativos y abiertos. Eso sí, dotando en su caso a Jueces y Magistrados de los elementos de protección necesarios para evitar la propagación de virus, carteles de avisos que faciliten la información sobre distancias mínimas de seguridad, el fomento del teletrabajo y, para los casos de turnos rotatorios, se establecerán con especial atención a las personas que por sus características personales puedan resultar más sensibles al COVID-19.

Para finalizar, me gustaría destacar el hecho, de que con anterioridad a la publicación de estas Órdenes el día 14 de marzo, y en vista de la situación excepciona que se vivía en diferentes territorios, algunas comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus potestades, tomaron medidas como las Establecidas por el CGPJ, para la eliminación de la propagación del Virus COVID- 19, por ejemplo, Madrid, País Vasco o territorios como Haro (La Rioja) o Igualada (Barcelona). Por su parte, el Real Decreto ratifica todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las Comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con él.

Es asimismo obligatorio para la ciudadanía y los profesionales de la justicia, relacionarse con la administración mediante las sedes electrónicas habituales, telefónicas o vía email, reduciendo la relación física a los tramites inaplazables e imprescindibles.