El “PAQUETE de MOVILIDAD” Europeo y los cambios en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)

Tras los intensos cambios legislativos eventuales que han sufrido las distintas normativas en los últimos meses debido a la nueva realidad que nos ha impuesto el COVID-19, ahora se plantean varios cambios definitivos en el área del transporte terrestre, adoptados para renovar y ajustar las normas nacionales y europeas a las necesidades actuales.

En primer lugar, debemos mencionar el “Paquete de Movilidad” aprobado el pasado 9 de julio por el Parlamento Europeo, paquete que incluye dos Reglamentos y una Directiva que tienen como objetivo y finalidad principal conseguir de manera definitiva un mercado único de transporte europeo, justo y leal, asegurándose para ello de que todas las empresas del sector cuenten con las mismas normas de competencia sea cual sea su país de establecimiento.

El Reglamento 2020/1054 de la UE, de 15 de julio de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 561/2006 en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) nº 165/2014 en lo que respecta al posicionamiento mediante tacógrafos,  que entró parcialmente en vigor el pasado 20 de agosto, exceptuando el artículo 1.15 y el artículo 2.12 que entrarán en vigor el próximo 31 de diciembre de 2024, el cual modifica la regulación relativa a los tiempos de conducción y descanso así como el posicionamiento mediante tacógrafos, y ello para generar una normativa clara, adecuada, proporcionada y que se haga cumplir de manera uniforme en vista de alcanzar los objetivos estratégicos de mejora de las condiciones de trabajo de los conductores y, en particular, a fin de garantizar una competencia leal entre los operadores y contribuir a la seguridad vial.

Por otra parte tenemos el Reglamento 2020/1055 de la UE, de 15 de julio de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1071/2009, (CE) nº 1072/2009 y (UE) nº 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por carretera , el cual  entrará en vigor el próximo 21 de febrero de 2022, y que, entre otras cuestiones, tiene la finalidad de combatir el fenómeno de las llamadas «empresas buzón» y garantizar una competencia leal y la igualdad de condiciones en el mercado interior, velando por que los transportistas por carretera establecidos en un Estado miembro tengan una presencia real y continua en dicho Estado realizando sus actividades desde allí. Por tanto, se hace necesario reforzar las disposiciones relativas a la existencia de un establecimiento efectivo y fijo.

Finalmente está la Directiva de la UE 2020/1057 de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) nº 1024/2012. Esta directiva fundamentalmente regula el desplazamiento de los trabajadores del sector del transporte terrestre por carretera y para su entrada en vigor deberá ser aceptada individualmente por los estados, antes del 2 de febrero de 2022, fecha para la cual deberían de haber adoptado y publicado todas las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Directiva.

Además de lo antedicho, se ha previsto modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) modifica su contenido con el fin de adecuar los baremos de las sanciones ya recogidas e incluir las nuevas infracciones previstas por el paquete de medidas arriba mencionado. Ejemplo de ello son las infracciones relacionadas con los tiempos de conducción y los descansos.

Por otro lado, con motivo de la crisis financiera internacional que ha derivado de la pandemia, el pasado día 15 de septiembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó la tramitación administrativa urgente de la modificación de la LOTT para incluir un régimen sancionador contra la morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera. Y ello porque son muchas las empresas de transporte que han visto su liquidez gravemente afectada desde que el pasado marzo la crisis sanitaria afectara su tráfico regular y resulta palmario que, de no tomarse medidas urgentes, su situación económica se puede ver agravada por el incumplimiento de los plazos de pago pactados en los contratos de transporte.

AIYON Abogados colabora con la publicación “ICLG Shippping Laws and Regulations, 2020”

Nuestros socios de Madrid y Bilbao, Verónica Meana y Mikel Garteiz-goxeaskoa, participan en el capítulo dedicado a Derecho español en la publicación ICLG Shipping Laws and Regulations: 2020. Dicha publicación cubre las cuestiones de Derecho marítimo más habituales en cuarenta jurisdicciones.

Entre las cuestiones analizadas se encuentran: la regulación de los accidentes marítimos, reclamaciones de carga y reclamaciones de pasajeros, la normativa del embargo preventivo y cuestiones procesales como la prueba, los procedimientos judiciales y no judiciales aplicables a las reclamaciones basadas en Derecho marítimo y la ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros.

Para tener acceso a la publicación y a su contenido completo pinche aquí

Valoración de la Prueba Electrónica

Hoy en día gran parte de nuestras relaciones, tanto sociales como profesionales, se desarrollan mediante el uso y la gestión de las nuevas tecnologías; realidad que, además de generar una revolución social, ha traído consigo también una revolución en el ámbito laboral y jurídico en el que nos movemos los abogados. Entre otras cuestiones, cabe preguntarse: ¿es equiparable el valor probatorio de un email con justificante de lectura y de una carta certificada?; ¿las grabaciones de videovigilancia o las publicaciones en redes sociales, son válidas como prueba para los Tribunales enjuiciadores?; ¿es siempre válido un contrato cerrado haciendo uso de medios electrónicos, ya sean emails, mensajes de teléfono, u otros medios de comunicación? Preguntas que tanto las empresas como los profesionales de la abogacía nos hacemos cuándo un negocio o contrato son cuestionados, y cuya falta de respuesta firme nos aboca a una cierta inseguridad jurídica en este aspecto. 

Cuando hablamos de pruebas electrónicas nos referimos a toda la información con valor probatorio que haya sido transmitida por un medio electrónico o que este incluida en este; es decir, podemos diferenciar dos modalidades de prueba electrónica; por un lado, los datos que han sido almacenados en un aparato tecnológico, y por otro lado tendremos la información que haya sido transmitida a través de redes de comunicación. 

Podemos confirmar que, por regla general, los Tribunales consideran las pruebas informáticas válidas siempre y cuando no haya dudas sobre su veracidad. Y este punto es el que complica las cosas ya que, para ello, se requiere que debemos poder probar la autenticidad de estas pruebas en dos aspectos básicos que: son que su autor aparente sea su autor real y que los datos que contenga no hayan sido alterados. Pero además de ello, para que una prueba informática sea considerada como válida se deberá haber obtenido de forma lícita. Por tanto, las pruebas tendrán que incorporar los datos de licitud, pertenencia, necesidad y admisibilidad procesal al procedimiento. 

Estos requisitos devienen justificados ya que modificar una prueba electrónica resulta una tarea sencilla para cualquier usuario con conocimientos básicos de informática. De hecho, fácilmente se puede editar un documento adjunto o variar un mensaje de email respecto a su encabezamiento (emisor, receptor, fecha, etc.), su contenido o su carpeta de localización. Asimismo, las personas con altos conocimientos de informática pueden acceder a servidores y plataformas digitales, públicas o privadas, disponiendo de la información que quieran, ya sean documentos confidenciales, claves de acceso, números de cuenta, contactos, etc. sin apenas dejar rastro de su paso por nuestras “nubes”. Realidad que muchas veces se encuadra en el fenómeno del “ciberataque”, figura a la que ya nos referimos que en el artículo publicada por nuestra firma en nuestra web en junio de 2019: “La Piratería, una realidad del Siglo XXI”.

En el hipotético caso de que el Tribunal o alguna de las partes ponga en duda la autenticidad de la prueba, habrá que comprobarla mediante el estudio a manos de un perito informático. En caso de que no sean voluntariamente aportadas, acceder a estas pruebas requiere siempre autorización judicial, la cual será otorgada siempre que se respetan con esta intervención los principios básicos de la regulación, idoneidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y especialidad. No olvidemos que al intervenir un aparato tecnológico de forma judicial hay varios derechos fundamentales que pueden quedar afectados, tanto de las víctimas o gente vinculada al suceso, como de terceras personas ajenas al conflicto, como son el derecho a la intimidad, el derecho a las comunicaciones o el derecho a la protección de datos.

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

El pasado miércoles 8 de julio de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto- ley 26/2020, con el fin de aprobar un conjunto de medidas necesarias a efectos de la reactivación económica en el sector de los transportes y en el ámbito de la vivienda, protegiendo la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales; proporcionando liquidez a las empresas y reduciendo las cargas administrativas.

En este artículo analizaremos dicho texto normativo, centrándonos en las medidas especificas emanadas para el servicio del transporte.

1. TRANSPORTE AÉREO

Entre los artículos 2 y 7 se recogen las medidas de gestión adoptadas para el transporte aéreo. Medidas generales de prevención contra el COVID-19 que las empresas del sector deberán garantizar su cumplimiento, así como todas aquellas que dispongan las Comunidades Autónomas.

Se han dispuesto desde Europa unas directrices operativas, que son aplicables a todo el territorio español. Las Directrices EASA/ECDC serán de obligado cumplimiento no solo para los gestores de los aeropuertos sino también para las empresas que desarrollen sus trabajos como auxiliares en los aeropuertos:
– Informar a los usuarios de las medidas preventivas y de las causas sanitarias por las que debería abstenerse de acceder al aeropuerto, así como las consecuencias derivadas de detectar en los controles sanitarios a una persona sospechosa de padecer COVID-19.

Por su parte será el Comité de Facilitación del transporte el que se encargará de coordinar y supervisar a todos los actores que tengan un rol en la aplicación o definición de estas medidas.

 

2. TRANSPORTE MARÍTIMO

Los artículos 8-14 recogen las medidas adoptadas para la reactivación económica del sector marítimo.
En primer lugar, se permitirá la reducción motivada de los tráficos marítimos exigidos para el 2020 a instancia del concesionario, por imposibilidad de cumplimiento (derivado de COVID-19). Asimismo, se podrá reducir la cuota líquida de la tasa de ocupación devengada durante el ejercicio 2020, determinándose esta reducción dependiendo de la disminución del tráfico marítimo o en su defecto, de ingresos imputables a la actividad, los diferentes tipos y también dependerá de la situación económico-financiera de la Autoridad Portuaria.

Respecto a la tasa de actividad, las Autoridades Portuarias podrán (a instancia del sujeto pasivo) dejar sin efecto para el año 2020 el límite inferior de la cuota anual de la tasa de actividad. Por su parte, también podrá modificarse la exigibilidad de la tasa de actividad establecida en el título habilitante.
Como ya comentamos anteriormente en otras publicaciones, este Real Decreto viene a confirmar que las tasas de los buques (entre el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020) podrán modificarse, dependiendo del motivo de la estancia en aguas portuarias. Asimismo, las Autoridades Portuarias podrán conceder aplazamientos de las deudas tributarias devengadas (entre el 1 de marzo hasta 31 de octubre de 2020) y no ingresadas.

Como comentario final, destacar que la puesta a disposición que se ha hecho de medios humanos en las terminales de pasajeros que atienden los servicios marítimos regulares durante el estado de alarma, son considerados como servicios de emergencia a todos los efectos.

 

3. TRANSPORTE FERROVIARIO

Respecto al Transporte Ferroviario, mencionar que se autoriza a RENFE a concertar operaciones de crédito durante el ejercicio presupuestario 2020, por importe de 1.000 millones de euros.
También se prevé la autorización de créditos extraordinarios que se financiaran con Deuda Pública.

 

4. TRANSPORTE POR CARRETERA

Los artículos 18-30 recogen por su parte las disposiciones referentes al transporte por carretera. En primer lugar, se otorgarán moratorias para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

Entre otras medidas, se aceptarán aplazamientos de los pagos de cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting que los autónomos y empresas públicas utilizan para la adquisición de autobuses y vehículos de transporte público de más de 3.5 toneladas de masa máxima autorizada.

Respecto al visado de las autorizaciones de transporte por carretera se ampliará, habilitando el 2021 como plazo abierto para visar las autorizaciones de transporte que tenían que visar en 2020 y aun no lo han hecho. También, para aquellas autorizaciones que tenían que visar en 2020 y si lo han hecho, se les amplia el plazo para su siguiente visado hasta el 2023. Además, se da la oportunidad de solicitar la rehabilitación extraordinaria para las autorizaciones de transporte público invalidadas durante el 2020 por no haber sido capaces de acreditar los requisitos exigidos para su visado.

Por último, se establece una prórroga de 3 meses para aquellos certificados de inspección técnica de vehículos que hayan vencido entre el 21 de junio y el 31 de agosto.

La cláusula “Rebus Sic Stantibus” en un escenario de incumplimientos contractuales

En los momentos de crisis como la que actualmente está afrontando España ante la pandemia originada por el COVID19, tanto las circunstancias personales como las empresariales pueden variar drásticamente y sin que nadie o nada pueda hacer nada para evitarlo. Circunstancias excepcionales que se presentan durante las cuales las personas y las empresas se pueden ver imposibilitadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales de toda índole que tienen adquiridas. En este escenario adquiere sentido la denominada cláusula “rebus sic stantibus”. 

La finalidad de esta cláusula es la de hacer frente a las modificaciones substanciales de las condiciones que se pueden dar inesperada e imprevisiblemente, y que sin duda afectarán a las partes contratantes, durante la vigencia de una relación contractual. Modificaciones que, presumiblemente, alejan las condiciones actuales de aquellas que propiciaron el cierre del contrato en los términos pactados y que hacen que el deber de cumplimiento de las obligaciones y compromisos del contrato perjudique extraordinariamente al menos a una de las partes. Modificaciones que, por tanto, no pueden haber sido producidas por dolo, culpa grave o intención de alguna de las partes.

La crisis sanitaria que vivimos es un ejemplo claro de modificación substancial de condiciones, fenómeno que podemos ver tanto en el sector del transporte (cancelación de servicio de líneas marítimas, cancelación de vuelos, suspensión o quebranto de contratos de fletamento, paralización de cadenas de suministro, suspensión de órdenes y pedidos, etc.) como en muchos otros sectores de la industria y el comercio, que en general se han visto fuertemente sacudidos desde que se decretó el estado de alarma. Crisis que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido como una situación absolutamente imprevisible e inevitable. 

Ante una situación así, la cláusula “rebus sic stantibus” ofrece la posibilidad de modificar el contrato con fundamento los artículos 7 y 1258 del Código Civil, entre otros, articulándose los criterios de la buena fe. Esta cláusula en ningún caso tiene efecto rescisorio, resolutorio o extintivo del contrato pactado, la finalidad que persigue será facilitar un marco de renegociación de las condiciones del contrato entre las partes para compensar en cierto grado el desequilibrio generado.

A pesar de que la regulación jurídica no reconozca expresamente esta figura, la doctrina jurisprudencial española sí lo hace y prueba de ello son las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo en la anterior crisis económica nacional. Para poder aplicar la cláusula “rebus sic stantibus” la jurisprudencia requiere algunos requisitos indispensables, tales como:

  • La alteración extraordinaria de las circunstancias durante la vigencia de la relación contractual, en comparación con las circunstancias existentes al tiempo de su celebración.  
  • Una modificación radical en las cargas asumidas por una de las partes que desequilibren la balanza de las prestaciones entre ellas. 
  • Que todo se produzca por el acontecimiento de circunstancias absolutamente imprevisibles. 

Como ya se puede observar al analizar los requisitos que la jurisprudencia exige para la aplicación de la cláusula, su aplicación histórica ha sido muy restrictiva. Sin embargo, el escenario de las crisis económicas (por ejemplo, la vivida en 2009), ha extendido su aplicación al entender que esas realidades pueden afectar gravemente al desarrollo de las relaciones contractuales.

Así, el Tribunal Supremos en su Sentencia nº 214/2019, rec 3204/2016, de la Sala de lo Civil, de 5 de abril de 2019 y en su Sentencia del Tribunal Supremo nº455/2019, de 18 de julio de 2019, exige para aceptar la modificación de las condiciones alegadas, estas tendrán que alterar el vínculo y las estipulaciones del contrato y tienen que darse de forma imprevisible e inevitable. Es decir, si las partes han podido asumir expresa o implícitamente el riesgo de que algo sucediese o debieron hacerlo porque ese riesgo ya existía en el momento de realizar el contrato o era razonablemente previsible, no se podrá alegar la cláusula. Así como tampoco cabra alegarla en los casos en los que la alteración se encontrase dentro de los riesgos normales del contrato. 

Asimismo, en su Sentencia de, la Sala Primera de lo Civil nº 156/2020, rec 2400/2017 de, 6 de marzo de 2020 estipula que, para poder aplicar la cláusula el contrato referido debe tener una duración igual o superior a un año, ser de tracto sucesivo o de ejecución diferida. De hecho, considera este Tribunal que en contratos con una duración inferior a un año difícilmente podría acaecer algo extraordinario e impredecible que genere una desproporción entre las pretensiones de las partes contratantes. Punto que consideramos discutible en una realidad como la generada por la crisis del COVID19.

Además de estos dos criterios, el Tribunal Supremo considera que para que la cláusula “rebus sic stantibus” pueda ser aplicada de forma efectiva, la situación alegada no puede contemplarse o calificarse como un riesgo habitual, normal o inherente o derivado del contrato. (Sentencia del TS (Civil) Sec 1ª, S 30-06-2014, rec 2250/2012).

Al analizar la actividad del Gobierno español, podemos ver que está tomando medidas particulares que parecen tender a la efectividad de la cláusula. Ejemplo de ello es el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se autoriza la suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo, de forma excepcional, durante la vigencia de la declaración del Estado de Alarma. 

Como conclusión ante esta difícil situación de crisis que las personas y las empresas estamos enfrentando, desde AIYON Abogados recomendamos evitar, en la medida de lo posible, discusiones y litigios ante una realidad que nos afecta a todos. Por ello, se aconseja mantener el equilibrio contractual y respetar los criterios de equidad y buena fe que siempre deben sustentar los acuerdos, evitando siempre que una de las partes se vea especialmente beneficiada y la otra especialmente dañada. Para ello aconsejamos promover acuerdos y negociaciones entre las partes afectadas de un contrato, que siempre podrán contar con el asesoramiento de nuestro equipo de abogados en aras de facilitar una resolución satisfactoria del conflicto.

AIYON Abogados colabora con el Master del IME (Instituto Marítimo Español)

AIYON Abogados mantiene su apuesta por la cooperación con las distintas instituciones y asociaciones que se integran en el ámbito del desarrollo y aplicación del derecho marítimo en España, así como con las Universidades e instituciones educativas comprometidas en la formación de los futuros profesionales del sector. Prueba de ello es la ya consolidada relación que mantenemos los últimos años con el IME (Instituto Marítimo Español) impartiendo clases sobre materias que caen en la esfera de nuestras especialización.

 

Este año, debido a las especiales circunstancias de confinamiento que sufrimos, nuestros socios de Madrid y Bilbao respectivamente, Verónica Meana y Mikel Garteiz-goxeaskoa, han impartido sus clases anuales en el IME por medio del sistema de video-conferencia. En concreto, las clases se han centrado en el régimen legal aplicable en España a la Remoción de Restos y el Convenio de Nairobi (que no está en vigor aun en España), así como en el régimen del Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 2010 / Convenio SNP de 2010 (aún por entrar en vigor, también).

Esperamos que los estudiantes disfrutaran de las clases tanto como nuestros socios, y agradecemos al IME todo su apoyo y esfuerzo para hacer posible que la formación siga también presente durante la crisis del COVID-19.

 

 

Situación actual derivada del Covid-19, novedades en Movilidad y Transportes

Movilidad y fronteras interiores

Uno de los principales motivos por los que el Gobierno Español aboga por mantener el Estado de Alarma es el de poder garantizar las restricciones de movilidad de la ciudadanía, tanto dentro como fuera de su territorio.

A nivel nacional, se aprobó la Orden Ministerial TMA/400/2020 de 9 de mayo, que establece las condiciones para aplicar en la fase primera de la desescalada en materia de movilidad con el fin de garantizar la movilidad de las Islas Canarias y Baleares mediante Transporte Aéreo se ha dispuesto, entre otros, levantar la prohibición de la realización de operaciones comerciales regulares entre islas, establecer un mínimo de frecuencias diarias garantizando siempre la distancia de seguridad, o mantener informada a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Con relación al Transporte Ferroviario, ya sea en trenes de cercanías o en cualquier otro de competencia estatal, se ha acordado su paulatino aumento hasta la efectiva recuperación del 100% de sus servicios y líneas.

Si nos referimos al Transporte Marítimo de las Islas Baleares y Canarias, en concreto en las Islas Canarias:

1) Se prohíbe el desembarco de pasajeros de los buques de pasaje RoRo que presten servicios regulares entre Península – Islas, a excepción de los conductores embarcados de las cargas rodadas.

2) Se autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias a establecer condiciones de prestación de los servicios o líneas marítimas regulares interinsulares.

3) Podrán navegar entre puertos o puntos del litoral del mismo municipio e islas no habilitadas próximas, los siguientes buques y embarcaciones:

  • Los de transporte turístico de pasajeros.
  • Los destinados a la impartición de prácticas y cursos.
  • Los utilizados con finalidad recreativa/deportiva por sus propietarios o en arrendamiento náutico.

Si nos centramos en Islas Baleares, y condicionado a que se garanticen las medidas de protección de la salud:

1) Se autoriza el transporte en líneas que navegan entre la Península y las Islas Baleares.

2) Se permite el embarque/desembarque de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje en los buques de pasaje RoRo y buques de pasaje que presten servicios regulares en las líneas marítimas interinsulares de la Comunidad Autónoma.

3) Se permite la navegación de recreo entre puntos del litoral del mismo municipio e islas no habitadas próximas.

En ambas islas, las anteriores restricciones no se aplicarán a los buques de estado ni de carga, ni a los buques que realicen navegaciones con fines humanitarios, médicos o de emergencia.

A nivel internacional, por su parte, se han acordado tres Órdenes Ministeriales que de forma directa regulan la entrada y salida al país por los diferentes medios de transporte (Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, Orden INT/409/2020, de 14 de mayo y Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo), y una cuarta accesoria (Orden SND/403/2020, de 11 de mayo).

La Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores y se mantiene el acceso limitado, entre otros, de ciudadanos españoles y residentes en España, trabajadores transfronterizos, personas que viajen por motivos exclusivamente laborales, si bien es importante destacar que estas restricciones no afectaran al transporte de mercancías. Dentro de la denominación “transporte de mercancía” debemos también contemplar a los tripulantes de los buques a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo y la actividad pesquera, y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo comercial.

Las restricciones planteadas en esta orden son complementarias a las que ya había establecidas en las fronteras terrestres y en las fronteras exteriores de puerto y aeropuertos (con origen en países de fuera del espacio Schengen).

La Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden y salud públicos con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se denegará la entrada por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a toda persona nacional de un tercer país, salvo las excepciones propuestas, entre ellos los residentes habituales en la Unión Europea, en los Estados asociados Schengen o Andorra, los trabajadores transfronterizos o el personal dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad laboral, (tripulantes de buques y el personal de vuelo). Esto no será de aplicación en la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar.

La Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional, actualizada por la Orden TMA/415/2020 de 17 mayo, que tiene como objeto la designación de los puertos y aeropuertos que se habilitarán como único punto de entrada a España, cuando se provenga de un vuelo de pasaje con origen en cualquier aeropuerto situado fuera del territorio español o de buques de pasaje o buques de pasaje y RORO que presten servicio de línea regular con origen en cualquier puerto de fuera del territorio español (siempre que los pasajeros transportados no sean los conductores de las cabezas tractoras de la mercancía rodada). En concreto, estarán operativos los aeropuertos de «Sevilla», «Menorca», «Ibiza», «Lanzarote-César Manrique», «Fuerteventura», «Tenerife Sur», «Alicante-Elche» y «Valencia», y los Puertos de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Vigo.

Estas limitaciones no se le aplicarán a, aeronaves o buques de Estado, aeronaves que realizan escalas con fines no comerciales, vuelos o buques exclusivos de carga ni a los vuelos o buques posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia.

Sin olvidar, en todo caso, la Orden SND/403/2020, de 11 de mayo por la que todas las personas procedentes del extranjero deberán realizar una cuarentena de 14 días siguientes a su llegada; orden que entró en vigor el 15 de mayo.

Transporte marítimo

Respecto al sector del transporte marítimo, las Órdenes Ministeriales y las recomendaciones del Ministerio de Transporte, de Movilidad y de Agenda Urbana han sido abundantes desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Por tanto, hemos decidido destacar por su relevancia dos Órdenes Ministeriales, la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo y la Orden TMA/374/2020 de 28 de abril.

Ahondado más en su contenido, la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. En ella se presentan unas restricciones respecto a la entrada de buques en puertos españoles (i) para los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto; (ii) para los buques o embarcaciones de recreo extranjeras que no tuvieran su puerto de estancia en España (con excepciones).

Por otro lado, regula la gestión de las aguas de lastre y los sedimentos de los buques, los procedimientos a seguir para el traslado de buques, ya sea por motivos de reparación o mantenimiento o por motivos de compra venta y los traslados de buques entre puertos. Además, en su Disposición Derogatoria Única deroga ciertas Órdenes y modifica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo reescribiendo el artículo sobre títulos que ven extendida su validez y las actividades inspectoras.

Por su parte, la Orden TMA/374/2020 de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estipula la documentación necesaria para permitir los cambios de tripulación en España y la vuelta a sus países de residencia o embarcar en otro buque que haga escala en puerto español. Concretamente:

  • Certificado de aptitud o competencia o Documento de identidad de la gente de mar o Libro de descarga
  • Acuerdo de empleo o carta de nombramiento. Esta documentación incluirá, al menos, el nombre del buque y su bandera, el puerto donde se encuentra el buque y la fecha estimada de embarque/desembarque.

Asimismo, el Ministerio de Transportes, de Movilidad y de Agenda Urbana ha publicado unas recomendaciones de prevención a implementar en las estaciones marítimas de pasajeros y a bordo de los buques para la reapertura del tráfico de pasajeros con el fin de prevenir y minimizar los riesgos de los posibles contagios de COVID-19 al reabrirse el tráfico de pasajeros.

Actividades Inspectoras de la Administración Marítima / Títulos Administrativos

Debido a la situación excepcional generada por el COVID-19, la Administración ha tomado cartas en el asunto ampliando la validez de ciertos títulos administrativos y suspendiendo gran parte de sus actividades inspectoras.

Los títulos que ven extendida su validez en caso de expirar durante el Estado de Alarma serán: (i) las tarjetas profesionales y certificados expedidos para los marinos, previstos en los Convenios Internacionales y en la normativa nacional; (ii) los certificados y documentos expedidos para los buques regidos por los instrumentos internacionales de la OMI, la OIT y la Unión Europea; (iii) los certificados y documentos expedidos para los buques y embarcaciones que presten servicios, en virtud de la normativa nacional; (iv) los certificados de formación marítima expedidos para los marinos según Convenio STCW y la normativa sanitaria; (v) los certificados de revisión de los botiquines a bordo de los buques; (vi) los certificados médicos de aptitud expedidos para los marinos, conforme al Convenio STCW y la normativa nacional; (vii) los permisos de condición caducados durante el Estado de Alarma.

Por otro lado, se ha suspendido la realización de inspecciones y reconocimientos programados por parte de la Administración Marítima, previstas por el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, salvo que estas se deriven de situaciones de emergencia, y la realización de inspecciones periódicas de buques extranjeros, a excepción de aquellas a (i) buques objeto de un informe o notificación por parte de otro Estado miembro; (ii) buques que no se puedan identificar en la base de datos de inspecciones, (iii) buques envueltos en un abordaje, varada o que hayan encallado cuando se dirigían al puerto; (iv) buques que hayan sido acusados de incumplir presuntamente las disposiciones vigentes en materia de descarga de sustancias o efluentes peligrosos; (v) buques que hayan maniobrado de forma errática o insegura.

Plan de Transición hacia la “nueva normalidad” – RDL 16/2020 de 28 de abril

Dentro del Estado de Alarma que sigue vigente en España, el pasado martes 28 de abril se aprobó el plan para la transición hacia una “nueva normalidad” o “desescalada” del confinamiento que actualmente vive la sociedad y que afecta, en gran medida, al pequeño y mediano comercio.

El Plan se ha dividido en cuatro fases diferenciadas (de la fase 0 a la fase 4) que se iniciarán a partir del 4 de mayo. Fases que, como norma general, durarán quince días y seguirán una programación preconcebida pero que, en caso de darse un nuevo rebrote de la pandemia, podrán verse modificadas o, incluso, anuladas. De hecho, los criterios que ha establecido el Gobierno, como medidor para avanzar de fase a fase son la capacidad del sistema sanitario, la situación epidemiológica de la zona, las medidas de protección colectiva y los datos socio – económicos y de movilidad. El Estado de Alarma le da al Gobierno central las competencias de control de la “desescalada”, aunque se mantienen reuniones con las Comunidades Autónomas para establecer criterios más adaptados a cada zona.

Centrándonos en el ámbito de la Administración de Justicia, el 29 de abril se publica el Real Decreto-ley 16/2020 emitido el día 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el Ámbito de la Administración de Justicia, que entra en vigor el 30 de abril y que recoge:

Impulso a la recuperación de la actividad judicial y la Transformación digital

Con el objetivo de retomar la actividad ordinaria de los juzgados, y a fin de dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad que se generará como consecuencia de la crisis sanitaria que vivimos, se prevé la creación de unidades judiciales de asuntos derivados del COVID-19 y se habilita el mes de agosto 2020, de forma excepcional y parcial, declarándose hábil el periodo comprendido entre los días 11 y 31 de agosto de 2020, exceptuando los sábados, domingos y festivos.

A este respecto, son varios los Colegios de Abogados y Procuradores (entre ellos el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia) los que muestran su preocupación respecto a habilitar parte del mes de agosto para el ejercicio de la práctica jurídica. De hecho, ya han mostrado su oposición frontal a esta decisión al considerar que violenta el derecho al descanso, resaltando el sacrificio implícito que conllevará esta decisión para los distintos profesionales de la justicia cuando no está acreditada la eficacia de la misma frente al colapso que se generará en los Juzgados.

De igual forma, se permitirá que los Jueces de adscripción territorial puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia, que los funcionarios de cada juzgado, fiscalía o tribunal desempeñen sus funciones en otra unidad de la misma localidad y orden jurisdiccional, y se habilita a los letrados de la administración de Justicia en prácticas, aquellos que han aprobado las oposiciones pero que todavía no se han incorporado como titulares de los juzgados, a que realicen labores de sustitución y refuerzo.

Finalmente, se habilitará y mejorará el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la administración de justicia, tratando de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales permitan el teletrabajo de los profesionales y los administrados.

Medidas procesales

Tras la suspensión de los términos y los plazos procesales desde el pasado 14 de marzo, con las excepciones necesarias, el RDL opta por el reinicio del cómputo de los plazos procesales no tomando en consideración el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del Estado de Alarma. Por lo tanto, los plazos volverán a computarse desde su inicio, siendo el primer día del cómputo el primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el Estado de Alarma.

Asimismo, se acuerda la ampliación, por un periodo igual al previsto por la ley, de los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y otras resoluciones que ponen fin al proceso y sean notificadas durante la suspensión de los plazos establecidos por el RD nº 463/2020 de 14 de marzo, así  como las que sean notificadas dentro de los 20 días hábiles siguientes al levantamiento de los plazos procesales suspendidos, permitiendo de esta manera que estos se puedan presentar de forma escalonada. Estos plazos quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora. Lo dispuesto no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la suspensión, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del RD nº 463/2020 de 14 de marzo.

Por su parte, y sin perjuicio del carácter preferente que tengan reconocido otros procedimientos de acuerdo con las leyes procesales, se tramitarán de forma preferente:

1.- Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y sumario previsto en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-ley.

2.- En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.

3.- En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

4.- En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente los procesos por despido o extinción de contrato; los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo; los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 del mismo.

Se tramitarán conforme a la modalidad procesales de Conflicto Colectivo las demandas presentadas sobre la suspensiones y reducciones de jornada adaptadas en aplicación de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, cuando dichas medidas se apliquen a más de 5 trabajadores. Estará también legitimada para promover este procedimiento de conflicto colectivo la comisión representativa prevista en la normativa laboral para paliar los efectos derivados del COVID- 19 en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo.

En relación con el derecho de familia, se regulará “ex novo” un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria, artículos 3 a 5 del mencionado RDL. Durará durante la vigencia del Estado de Alarma y hasta tres meses después de su finalización.

Respecto al Registro Civil, se introduce una disposición para que no se tengan que tramitar de nuevo los expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento, con intención de que las personas que hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla no se enfrenten a nuevos retrasos. Es decir, se modifica y amplia la “vacatio legis” de la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil hasta el 30 de abril de 2021.

Incremento de procesos concursales en los Juzgados de lo Mercantil

Respecto al ámbito concursal y societario, se añaden nuevas medidas respecto a las ya adoptadas por el Real Decreto-ley nº 11/2020 de 31 de marzo, con tres objetivos: a) la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos; b) incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez; y c) evitar el colapso de los Juzgados de lo Mercantil.

Las medidas adoptadas son las siguientes:

1.- Se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación, cuando, durante la vigencia del convenio el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel.

2.- Se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Además, se permite la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que transcurra un año desde la presentación de la anterior.

3.- Se calificarán como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros. Se calificarán como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del Estado de Alarma.

4.- Se establece una serie de normas de agilización del proceso concursal.

5.- Se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020.

6.- Se prevé que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas no se computen las del presente ejercicio.

7.- Se deroga el artículo 43 del Real Decreto-ley nº 8/2020, de 17 de marzo.

Seguridad en el trabajo

Durante la vigencia del Estado de Alarma y hasta 3 meses después de su finalización, se establece la celebración de actos procesales mediante la presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud y minimizar los riesgos. No obstante, en el orden Jurisdiccional Penal, la celebración de juicios mediante presencia telemática se exceptúa en los supuestos de procedimientos por delitos graves y en los que la presencia física del acusado resulta necesaria.

Asimismo: (i) se limita el acceso del público a todas las actuaciones orales; (ii) la atención al público será telefónica o por correo electrónico y, solo en caso necesario, presencialmente pero siempre con cita previa; (iii) los informes médicos – forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación medica existente a su disposición; (iv) los abogados quedan dispensados el uso de togas en las audiencias públicas; y (v) se establecen jornadas de trabajo de mañana o de tarde para evitar que todos los trabajadores coincidan, lo que permite la celebración de juicios y vistas no solo en el horario de mañana, sino también en el de tarde.

En resumen, este Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, desarrolla de forma extensa, con criterios más o menos acertados, distintos ámbitos que son de vital importancia para el impulso y desarrollo de las tareas relativas a la justicia y que, sin duda, están abocadas  a recuperar la “nueva normalidad” lo antes posible.

Nueva prórroga del Estado de Alarma hasta el 26 de abril 2020

En su última sesión plenaria el Congreso de los Diputados autorizó la prórroga anunciada del Estado de Alarma, declarado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Esta prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del domingo 26 de abril de 2020 y mantendrá las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 462/2020, de 14 de marzo, ya comentadas en nuestras anteriores publicaciones. Prórroga que, según se anuncia, podría volver a extenderse por tercera vez.  

Asimismo, el Gobierno ha decretado la prórroga por otros 14 días del restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres de España con Francia y Portugal. Esta prórroga estará vigente hasta las 24.00 horas del sábado 25 de abril de 2020.

Tras esta segunda prórroga se pueden observar algunas diferencias respecto a las condiciones y restricciones a las que nos hemos visto sometidos los últimos 15 días, tras la primera extensión del estado de alarma. Por un lado, los transportes recuperaron desde el lunes 13 los niveles de servicio de la segunda semana de confinamiento fijados por la Orden 273/2020 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 23 de marzo, por la que se dictaron instrucciones para la reducción de los servicios de transporte de viajeros. Por otro lado, el Ministerio de Justicia, el Consejo Genera del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas han acordado mantener los servicios esenciales en la Administración de Justicia. Es más, desde hoy miércoles 15 de abril se autorizará la presentación telemática de escritos, que se había visto limitada desde el pasado 18 de marzo. 

A pesar de eso, la autoridad competente de cada Comunidad Autónoma concretará qué documentos se pueden presentar de forma telemática. Por ejemplo, el Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia ha concretado que la plataforma telemática JUSTIZIASIP no permite, por el momento, la presentación de escritos iniciales de un procedimiento; por tanto, solo se podrán presentar documentos relativos a procedimientos judiciales ya en curso no vinculados a términos o plazos interrumpidos o suspendidos, hasta que den lugar a actuaciones procesales que abran plazos procesales que deban quedar suspendidos. 

Para asegurar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia durante la vigencia del estado de alarma, además de fijarse las dotaciones de personal de sedes y tribunales para la cobertura de los servicios esenciales y de los que se dispongan, se han adoptado entre otras las siguientes disposiciones:

  • La realización en el plazo más breve de las inscripciones de fallecimiento y nacimiento, así como la gestión de los servicios no esenciales del Registro Civil (en la medida que los medios lo permitan). 
  • El registro de los escritos presentados telemáticamente en las oficinas judiciales y fiscales y su reparto a los órganos judiciales competentes, que no afectará a la suspensión de los plazos procesales. 
  • Se prestarán los servicios considerados esenciales. 
  • La gestión de todos los procedimientos no esenciales, en la medida que los medios lo permitan. 

Esta decisión no afectará al hecho de que los plazos procesales y las vistas judiciales previstas, así como los plazos de prescripción y caducidad, siguen suspendidos.