Real Decreto-ley 16/2018, medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías

A 23 de noviembre de 2018 se ha convalidado en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley nº 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, y que consta publicado en el BOE de 27 de octubre de 2018. RD-ley que ya anunciamos en nuestro artículo “Modificación de la Ley Orgánica de represión del contrabando” en fecha 20 de julio de 2018.

Como es sabido existen organizaciones criminales que operan en España realizando actividades de contrabando de mercancías además de transporte ilegal de inmigrantes haciendo uso de las embarcaciones denominadas RHIBS (rigid-gulled inflatable boat) o embarcaciones neumáticas semirrígidas de alta velocidad. Al problema de este tráfico, de per se ilícito y punible, se le une el riesgo que para la seguridad marítima supone que haya embarcaciones no registradas navegando a una alta velocidad en zonas de fluido tráfico marítimo, a menudo en la oscuridad y sin dispositivos de localización o señalización. Actividad que poner en grave peligro a otras embarcaciones dad la alta posibilidad de que se den colisiones o atropellos, además de ser una clara amenaza que para la seguridad de determinadas infraestructuras portuarias o costeras.

Con el objetivo de luchar contra el contrabando practicado por medio de este tipo de embarcaciones, tomando en consideración sus características técnicas, su titularidad y la finalidad de su uso podrán ser objeto de incautación siendo factible el incoar los correspondientes expedientes administrativos sancionadores o acciones penales oportunas ya que califican como género prohibido a efectos de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26836). El incumplimiento de las condiciones de la autorización de uso e inscripción determinará la calificación de la embarcación como género prohibido a efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, pudiendo realizarse las inspecciones y controles de los operadores y de las embarcaciones en todo el territorio nacional, así como en el mar territorial, las aguas interiores y la zona contigua.

Por lo que se refiere a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, no afecta al derecho de propiedad ya que la condición de género prohibido sólo es consecuencia del uso de las embarcaciones sin su previo registro o en condiciones distintas a la autorización otorgada.