Enrique Ortiz desarrolla la situación legal del buque “MV HONDIUS” ante la grave situación sanitaria que afronta a bordo
Queremos agradecer al medio local «La Voz de Canarias» que haya contado con nuestro despacho a la hora de informarse e informar sobre la situación del buque «MV HONDIUS», que actualmente realiza su operativa de evacuación desde la isla de Tenerife, puerto de Granadilla.
Nuestro socio y compañero del despacho de Cádiz, Enrique Ortiz Bastos, de forma pormenorizada respondió a las cuestiones legales que plantea la situación en el marco del derecho del mar, la actuación de sanidad exterior y las competencias entre instituciones. Así, Enrique destacó la relevancia de aplicar el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que debe convivir, en este caso, con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De igual modo, destacó la necesidad de que las distintas instituciones u organismos afectados colaboren de forma muy estrecha con el Capitán para poder dar la mejor salida a esta grave situación.
El “Certificado de Libre Plática” vuelve a tener especial relevancia en este escenario, certificado del que ya tratamos en nuestro artículo de octubre de 2021, “Impacto del Covid-19 en las operaciones de buques en puertos españoles” cuando nos vimos afectados por la pandemia del COVID, que consiste en una declaración responsable que hace el Capitán del barco sobre la situación sanitaria a bordo. Pero, en todo caso, la última palabra para autorizar la entrada del buque en puerto la tendrá siempre el Ministerio de Sanidad vía Sanidad Exterior, operando con el respaldo de la Capitanía Marítima de Tenerife.
Nuestro socio recalcó que el Estado del pabellón del buque no tendría una responsabilidad directa de las actuaciones del Capitán o de los navieros bajo circunstancias de epidemia o infección a bordo, aunque ello no impide que el Capitán y los armadores se responsabilicen de las declaraciones realizadas, y de las actuaciones y medidas que se tomen. Por tanto, ambas figuras podrían tener responsabilidad tanto en vía administrativa, como civil o penal en caso de no ser rigurosos al dar la información necesaria, en caso de no cumplir con los protocolos a bordo o de no colaborar con las autoridades competentes, para minimizar así el grave impacto de la situación tanto en sus pasajeros, en su tripulación como en terceros que puedan verse afectados.
