Nueva revisión del «Tax Lease» (SEAF)
A finales del pasado mes de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), actuando como máxima instancia judicial comunitaria, anuló la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) relativa al llamado «Sistema español de arrendamiento fiscal – SEAF” o “Tax Lease”.
Recordemos que la ahora anulada sentencia fue emitida en el año 2015 por el TGUE y dejaba sin efecto una Decisión previa de la Comisión Europea por la que ésta ordenaba la recuperación de las ayudas fiscales concedidas por España a empresas de su sector naval entre los años 2007 y 2011 por considerarlas ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado interior europeo. Conclusiones a las que llegó la Comisión tras una investigación formal que culminó el 17 de julio de 2013 con la Decisión, anulada por el TGUE, en la que se declaraba la existencia de ayudas otorgadas por España cuyos beneficiarios eran exclusivamente las Agrupaciones de interés económico (AIE) y sus inversores. Decisión que, obviamente, causaba un importante impacto económico en el sector naval español afectado y que motivó que fuera recurrida ante el TGUE por el gobierno de España y por numerosos inversores en las AIE.
El pasado 13 de julio de 2018, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al Anteproyecto de Ley de modificación de la 

Nadie negará que, en una compraventa internacional efectuada bajo condiciones CIF (Cost, Insurance and Freight), o CFR (Cost and Freight), el riesgo de daños sobre las mercancías durante el transporte recae sobre el Comprador desde el momento en que la mercancía pasa la borda del buque a su carga en origen. Sin embargo, no son pocas las veces en que el Asegurador de la mercancía indemniza al Vendedor CIF en origen cuando la mercancía resulta dañada durante la travesía marítima, y ello a pesar de que en el momento en que los daños tuvieron lugar el Vendedor carecería de cualquier riesgo asegurable según los términos CIF pactados.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de julio de 2017 dictada en el asunto C-368/16 resuelve una cuestión prejudicial en la que se plantea, en síntesis, si un perjudicado que tiene acción directa contra el seguro de responsabilidad civil del causante del daño puede ejercitar dicha acción en el lugar en que ocurrió el daño o si, en su caso, se ve vinculado por el pacto atributivo de competencia que haya pactado el seguro y el asegurado responsable.
En el BOE de fecha 13 de mayo de 2017 se ha publicado el