En los últimos meses hemos asistido en numerosos expedientes sancionadores iniciados por parte de las distintas Capitanías Marítimas españolas y la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo utilizados por los buques atracados y fondeados en puertos españoles.
El pasado 30 de diciembre entró en vigor, un día después de su publicación en el BOE, el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto […], el cual viene a poner fin a la regulación provisional que se derivaba de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de clarificar jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales en su sentencia (núm. 590/2017) de fecha 7 de noviembre de 2017 en relación con los requisitos para la validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad de las aseguradoras en caso de robo de la mercancía estacionada en espacios o recintos sin la debida vigilancia.
En una reciente sentencia de fecha 21 de septiembre de 2017 la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), revocando la sentencia de primera instancia, ha considerado que los daños por cancelación de un vuelo están cubiertos por el artículo 19 del Convenio de Montreal.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de julio de 2017 dictada en el asunto C-368/16 resuelve una cuestión prejudicial en la que se plantea, en síntesis, si un perjudicado que tiene acción directa contra el seguro de responsabilidad civil del causante del daño puede ejercitar dicha acción en el lugar en que ocurrió el daño o si, en su caso, se ve vinculado por el pacto atributivo de competencia que haya pactado el seguro y el asegurado responsable.
Para garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria en los controles oficiales sobre los alimentos procedentes de fuera de la Unión Europea, recientemente se ha procedido a actualizar la lista de recintos aduaneros habilitados que deben cumplir unos requisitos legales mínimos.
Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2017 acaba de confirmar una serie de resoluciones anteriores en aspectos relativos a embarcaciones de recreo y seguro de responsabilidad civil. En concreto señala que:
Para el ejercicio de cualquier acción indemnizatoria derivada de un transporte aéreo internacional al que resulte de aplicación el Convenio de Montreal de 1999, dicho Convenio establece en su art. 35 un plazo de dos años “contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la de la detención del transporte”. Leer más
En mayo de 2014 entró en vigor la Directiva 2014/47/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en la Unión Europea. Directiva que actualiza el régimen de inspecciones técnicas en carretera al establecer unos requisitos mínimos comunes a todos los Estados Miembros, con el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad en las vías. Ahora, el recientemente publicado Real Decreto nº 563/2017 de 2 de junio incorpora al ordenamiento interno español el contenido de la citada Directiva.
En el BOE de fecha 13 de mayo de 2017 se ha publicado el Real Decreto-ley 8/2017 de 12 de mayo por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando así cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 recaída en al asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). El mencionado RD-ley es el segundo intento que realiza el Gobierno de España para regularizar la situación del servicio portuario de manipulación de mercancías, tras meses de debates y negociaciones con los distintos sectores afectos, y tras el fallido intento de que prosperara el anterior RD-ley 4/2017 de 24 de febrero, que resultó derogado a 16 de marzo de 2017.