Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de noviembre de 2016, ha confirmado que, a los efectos de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el plazo máximo de pago es de 60 días. Leer más
Con fecha 4 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1 de la Comisión de 3 de enero sobre los procedimientos de identificación de embarcaciones con arreglo a la Directiva 2013/53/UE relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas que tiene por objeto garantizar una mejor aplicación del sistema de codificación necesario para la identificación de embarcaciones.
Dicha norma entrará en vigor el día 24 de enero de 2017.
Uno de los mayores problemas a los que pueden enfrentarse los armadores de los buques es descubrir la presencia de polizones a bordo. Y decimos problema no sólo enfocándolo desde un punto de vista económico y de la seguridad, que también, si no sobre todo por el “factor humano” que esta circunstancia conlleva.
Por un lado, se conjuga la intromisión que sufren tanto el Capitán como la tripulación por verse afectados en su puesto de trabajo y lugar de convivencia, de manera abrupta, por la presencia de una o más personas desconocidas de cuya situación vital se convierten, además, en plenamente responsables. Leer más
Con fecha 8 de septiembre de 2016, Finlandia ratificó el Convenio internacional para el control y gestión de agua de lastre y los sedimentos de los buques. Con esta ratificación se cumplen los criterios de entrada en vigor establecidos en su artículo 18 y se acciona el plazo de 12 meses para su aplicación. Leer más
El artículo 1.911 del Código Civil español establece el principio de responsabilidad universal ilimitada al establecer que “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. La limitación de responsabilidad es una figura excepcional en Derecho español. Por esta razón, los juzgados españoles suelen ser reacios a aceptar la limitación de responsabilidad que establecen los convenios internacionales en materia de transporte y buscan un camino para evitar tal limitación. Leer más
El Reglamento (CE) 785/2004 sobre requisitos de seguro de las compañías aéreas establece que la cobertura mínima del seguro de pasajeros será de 250.000 DEG por pasajero. Leer más
A petición de nuestros clientes, resumimos los puntos que consideramos más relevantes de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 241/2015 de 6 de mayo, y que afectan a la náutica de recreo. Leer más
Una sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016 declara la nulidad de las tasas judiciales reguladas en la Ley 10/2012 de 20 de Noviembre.
El Tribunal avala el establecimiento de tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional pero considera que las cuantías establecidas en la Ley son desproporcionadas y podrían tener un efecto disuasorio vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva. Leer más
A 30 de Junio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (nº 157) la Resolución de fecha 15 de junio de 2016 de la Dirección General de la Marina Mercante, relativa a la verificación de la masa bruta de los contenedores, y que modifica parcialmente la emitida en el mismo sentido por la DGMM a 31 de mayo de 2016 (https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/30/). Dicha Resolución difiere parcialmente de la Resolución de 31 de mayo de 2016 en sus apartados segundo, quinto, décimo, décimo primero, décimo tercero y en su Anexo. Leer más
Especial mención merece la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº. 399/2015 de 10 de julio, en la que de forma novedosa establece un criterio sólido sobre la responsabilidad del transportista al elegir el área de descanso, cuando falla: ”Las circunstancias que concurrieron en el robo de la mercancía, (estacionamiento en lugar peligroso, accesible y no vigilado, débil protección de la mercancía en un remolque cubierto por una lona y ausencia de vigilancia por el conductor) permiten que la calificación de la conducta del transportista tenga acogida en el sentido amplio del dolo, respecto del incumplimiento de los deberes elementales de la obligación de custodia que le incumbía: extremo que justifica la NO aplicación de los límites cuantitativos derivados del artículo 23, en relación al art. 29 del CMR (RCL 1974, 980)”. Leer más