El sector profesional tiende en ocasiones a ser ambiguo y complejo y, a pesar de la generosa normativa al respecto, es bien sabido que las relaciones laborales entre empleador y empleado no son siempre claras ni están debidamente definidas.

A ello se une que las subcontrataciones son muy habituales, tanto vía empresas de trabajo temporal como entre empresas del mismo grupo, que se prestan servicios mutuamente o intercambian trabajadores.

En este escenario, cuando un trabajador sufre una contingencia derivada de su trabajo, ya sea un accidente laboral o una enfermedad a largo plazo, surge en ocasiones la necesidad de solventar las responsabilidades que deben verse obligados a afrontar sus empleadores y responsables. Sin embargo, no siempre está claro frente a quién, o quienes, se debe reclamar o si debe hacerse de manera singular o conjunta.

En este artículo trataremos de aportar algo de luz al respecto analizando las diferencias entre la llamada responsabilidad Solidaria Propia y la responsabilidad Solidaria Impropia, ya que la aplicación de una u otra puede hacer que el sujeto frente al que haya que iniciar la reclamación varíe. Asimismo, la diferenciación de ambas figuras tiene especial relevancia ya que determina las causas que interrumpen la prescripción de las obligaciones de los posibles “deudores/reclamados solidarios”.

La Solidaridad Propia, tiene su origen en un pacto expreso o implícito entre partes, o bajo las disposiciones de una ley o un contrato, y viene regulada por los artículos 1.137 y ss. del Código Civil.

La Solidaridad Impropia, a diferencia de lo que ocurre en la Solidaridad Propia, no se establece por pacto entre las partes o porque una ley o norma específica así lo determine, sino que es una solidaridad “procesal” que se origina y delimita en la propia sentencia condenatoria, sin que exista tal figura con anterioridad de la misma. Así, la jurisprudencia aplica la expresión Solidaridad Impropia para referirse a aquellos casos en los que dos o más personas están obligadas a reparar el mismo daño, con independencia de que todos ellos hayan causado o contribuido al daño en una misma acción o por concurrencia de causas.

Es decir, esta Solidaridad Impropia deriva de la naturaleza de la obligación de indemnizar daños extracontractuales, y consta establecida por criterios doctrinales y jurisprudenciales. Así, son abundantes las sentencias del  Tribunal Supremo que han compartido un criterio interpretativo, entre otras la STS Civil de 14 de marzo de 2003, STS de 18 de julio de 2011 y la STS de 29 de noviembre de 2010.

En este caso, nos gustaría centrarnos en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, nº 1822/2021 de 6 de mayo de 2021, que versa entre otras cuestiones sobre la determinación de las causas que interrumpen la prescripción de las obligaciones de los deudores solidarios.

La misma señala que, en primer lugar, deberá determinarse en qué casos se da la solidaridad entre las partes. Esta determinación variará si nos referimos a solidaridad en materia de responsabilidad administrativa, civil u otras. Centrándonos en este caso en materia de responsabilidad civil, la solidaridad solo podrá deducirse de la concurrencia de culpas de los empleadores en el origen del accidente, sin que exista una norma previa que así lo imponga.

Es por ello que entiende la Sala que se debe partir necesariamente de la consideración de estar ante un supuesto de culpa extracontractual con pluralidad de agentes en el que no hay una delimitación específica del grado de participación concreta de cada uno, siendo de aplicación la doctrina jurisprudencial que ha venido admitiendo en tales supuestos la llamada Solidaridad Impropia; así, y al no haberse acreditado la existencia entre empresas de la conexidad o dependencia requeridas, difícilmente la interrupción de la prescripción respecto a una empresa podrá extenderse a la otra empresa involucrada. Por lo tanto, el artículo 1974.1 del Código Civil no será aplicable en este supuesto, al imponerse una solidaridad impropia entre ambas mercantiles, lo que comporta que la interrupción de la prescripción por el ejercicio de la acción solo aproveche frente al deudor (empresa) a la que se reclama, no frente a la no reclamada pero también afecta a la relación laboral.

En conclusión, la Sala de lo Social del TS determina en el caso objeto de análisis que:

1. En el presente caso nos hallamos ante un claro supuesto de Solidaridad Impropia entre los sujetos a quienes alcanza la responsabilidad por el ilícito culposo, con pluralidad de agentes y concurrencia de causa única que no tiene su origen en la ley ni en pacto expreso o implícito entre las partes, sino que nace con la sentencia de condena.
2. La consecuencia de tal calificación es la inaplicación del artículo 1974.1 del CCivil; por tanto, la reclamación efectuada ante el empresario empleador (E.), no interrumpe la prescripción respecto de la acción ejercitada contra el empresario principal (VED).

Este criterio interpretativo es firme y se ha mantenido en abundante jurisprudencia del TS y en las instancias inferiores. Claro ejemplo de ello es la Sentencia nº 256/2021 de 19 de julio, emitida por el Juzgado de lo Social nº 5 de Bilbao relativa a una reclamación por responsabilidad civil contra varias empresas de forma solidaria, dirigida a obtener el abono de los daños y perjuicios derivados de incumplimiento de la obligación contractual de protección de un marino frente a los riesgos laborales (contacto con amianto). Sentencia en la que se confirmó la prescripción de la acción contra una de las empleadoras del trabajador afectado, no pudiendo considerarse que la acción interruptiva ejercida contra una de las empresas afectara al resto de manera automática.